Fascismo sexual en Estados Unidos: Chivos expiatorios y rechazo social

• Traducción: Charlie D. Guevara

A los progresistas de Estados Unidos les preocupan, con razón, las crecientes señales de fascismo en este país,

• como la llamada guerra contra el terrorismo, que permite la invasión masiva de la privacidad y el encarcelamiento sistemático sin cargos;
• como la fabricación de propaganda dirigida a su propia gente;
• como la aseveración de que cualquiera que cuestione las políticas del gobierno sobre estas cuestiones es un traidor;
• o como un «gran líder» que se sitúa claramente por encima de la ley y fuera de ésta.

Y deberían preocuparles también otras señales de la desaparición de la justicia estadounidense y de la dignidad humana: los chivos expiatorios. Una de las señales del fascismo siempre ha sido la creación de una clase de chivos expiatorios que la gente es enseñada a temer y a odiar, y cuya sola existencia exige un aparato estatal totalitario de vigilancia y control. Una clase que nadie se atrevería a defender.

Hoy existe en Estados Unidos una clase de personas, las cuales suman dos millones o más, que han sido completamente transformadas en chivos expiatorios, condenadas al ostracismo, demonizadas y rechazadas. Ya no hay ninguna defensa válida para estas personas. Prácticamente nadie, ni de izquierdas ni de derechas, libertarios civiles o ciudadanos de a pie, defenderá sus derechos. Suelen ser denigradas con el lenguaje más feroz y lleno de odio, un lenguaje anteriormente reservado para las clases hoy protegidas: judíos, negros y homosexuales. Son blanco fácil de abuso y de actos de vandalismo y están sometidas al desprecio social más absoluto.

Cerca de 600 000 han sido detenidas y obligadas a registrarse, pasando pronto muchas de ellas a ser vigiladas de por vida con brazaletes electrónicos y dispositivos de posicionamiento global. Unas 4000 han sido encerradas de por vida, no bajo cargos penales, sino por internamiento civil, y estas cifras crecen día a día. El resto permanecen ocultas en su mayoría, preocupadas ante la idea de una sorpresiva denuncia y por las cacerías de vecinos, compañeros de trabajo y amigos, a los que temen ver de repente como monstruos irredentos.

Son una clase definida no por unos crímenes específicos (aunque sean acusadas de muchos delitos), sino por su propio ser, por sus deseos, por su constitución, como seres humanos pretendidamente inservibles. Presidentes y gobernadores se refieren a ellos como «despreciables», «repugnantes», «incapaces de  rehabilitarse o de corregirse», «sin remedio», y son proclamados en alto como ejemplos a evitar por predicadores fundamentalistas e intolerantes, pero también por medios de izquierdas, dirigentes de la comunidad progresista y feministas.

• ¿Quién es esa escoria?
• ¿Terroristas árabes?
• ¿Fanáticos musulmanes?

No, esos malhechores parecen casi inofensivos en comparación con esta chusma infame. Son la gente más terrible del mundo: ¡DELINCUENTES SEXUALES! Todavía peor, ¡muchos son PEDÓFILOS! De hecho, estos dos términos se confunden. Hace poco, Jeb Bush se refirió a todos los delincuentes sexuales de Florida como abusadores de niños, cuando menos de un tercio de las personas encarceladas por «delitos sexuales» en dicho estado lo están por hechos en los se hayan visto envueltos menores de 18 años. Bush añadió:

• «Son un conjunto de personas de lo más enfermo que puede haber. Son unos auténticos pervertidos, y eso no tiene cura. En lugar de la reclusión civil, deberíamos asegurarnos de que (...) estos pedófilos (...) sean encerrados para siempre».

Por supuesto, entre estos delincuentes sexuales hay ciertamente algunos criminales que han causado un daño extremo: agresores sexuales violentos de mujeres adultas y de niños, algunos de los cuales han secuestrado, torturado o asesinado a sus víctimas.

El doctor Fred Berlin, de la Clínica Universitaria Johns Hopkins de Baltimore para el Tratamiento de los Trastornos Sexuales, calcula que tales crímenes representan menos de una décima parte del 1 % de todos los delitos sexuales cometidos en Estados Unidos. Sus investigaciones también demuestran que menos de un 10 % de los agresores sexuales de menores vuelven a delinquir, por mucho que la reincidencia suela esgrimirse como justificación de medidas draconianas contra éstos.

Como señalan los expertos en abuso infantil, cada año se denuncian unos 50 casos de niños secuestrados y violados o asesinados por desconocidos, en comparación con los más de 3000 niños asesinados por sus padres y otros miembros de la familia en casos sin un componente sexual. La mayoría de los delincuentes sexuales, afirma un psicólogo que trabaja con delincuentes sexuales en una prisión del Estado, son

• «abuelos cariñosos que hace años tuvieron un lapsus y toquetearon a su nieto, homosexuales solitarios y adictos a las nuevas tecnologías — algunos de ellos adolescentes — que han buscado satisfacción sexual mutua con adolescentes, profesores jóvenes que han sucumbido a los ardides de chicos o chicas adolescentes de buen ver, u hombres jóvenes que se han emborrachado y han llevado a sus novias a cruzar el umbral de lo que hoy se conoce como violación en citas».

Sin embargo, los medios de comunicación, la policía, los fiscales y los políticos siguen insistiendo en que los niños necesitan ser extremadamente protegidos de los violadores y asesinos en serie. Dos de cada tres padres encuestados dijeron que temían que sus hijos fueran secuestrados o asesinados por desconocidos, o ambas cosas. Los hechos sencillamente no importan cuando hay histeria de por medio.

Uno tras otro, los estudios acerca de los delincuentes sexuales —así como los innumerables y escandalosos informes de los medios de comunicación — insisten en que la mayoría de los delincuentes sexuales son hombres y mujeres normales de toda condición, exactamente iguales a los demás en todos los aspectos, a excepción de sus deseos sexuales o de su orientación sexual.

Hace poco, The New York Times publicó un reportaje sensacionalista acerca de un adolescente que había utilizado Internet para atraer a más de 15 000 clientes para que vieran imágenes pornográficas suyas que él mismo se había realizado. El periodista del Times, actuando más como un policía justiciero que como periodista, persuadió al chico para que se apartara de su vida de libertinaje, recordándole que pasaría automáticamente de «víctima» a «delincuente» al cumplir 18 años

• (en realidad, los menores de 18 años también pueden ser tratados como delincuentes),

y colaboró con el FBI para localizar al chico con el fin de acercarse a muchos de sus principales clientes, a los que el Times había investigado a fondo por su cuenta. Entre éstos había agentes de policía, abogados, ministros, rabinos, trabajadores sociales —y especialmente aquellos que trabajan con niños y adolescentes—. Muchos también eran padres y abuelos con familias propias aparentemente felices. El hecho de que los «infames delincuentes» sean, en otros aspectos, seres humanos cumplidores de la ley y decentes, con carreras exitosas y una vida personal «normal», parecería una señal de que algo no cuadra en todo esto. Pero no. Cuando se trata de fabricar chivos expiatorios, esta aparente normalidad es sólo una señal más de desviación perversa.

Los ingredientes principales de esta campaña de demonización son, evidentemente, el sexo y los niños.

• «En ningún caso», escribe Linda Williams en Children and Sex (1993), «la sexualidad despierta mayor temor, en Estados Unidos, que en lo tocante a la vida de los niños». (Williams lleva toda su carrera profesional asegurando que estos ingredientes producen represión).

El núcleo diabólico de la campaña es la categoría recientemente creada de los «pedófilos».

• (Que no es anterior a los años sesenta en cuanto constructo científico).

Aunque la Asociación Estadounidense de Psiquiatría los define como personas con un deseo sexual predominante hacia niños prepúberes, la etiqueta de pedófilo se aplica hoy a cualquiera que alguna vez haya albergado algún deseo sexual hacia cualquier menor de 18 años o que haya tenido con alguno algún percance de índole sexual, por pequeño que sea. En algunos medios, el término pedófilo se utiliza hoy para echar por tierra la reputación de cualquiera que haya tenido una aventura con personas más jóvenes o que muestre algún interés hacia éstas —alguien de 35 años, por ejemplo, que «se aprovecha» de jóvenes de 20—.

A principios de los años 2000, pedófilo se había transformado en el término todavía más amplio de «delincuente sexual», y los principales medios de comunicación independientes empezaron a referirse a esta clase tan temida y odiada como «pervertidos», «criminales» y «desviados».

Esta búsqueda de chivos expiatorios también exige la denuncia y el rechazo, aun de aquéllos que se atreven a defender las libertades civiles de los pedófilos y de los delincuentes sexuales o que cuestionan los ataques contra ellos. En particular, la ira social se despliega contra aquéllos que cuestionar las leyes relativas a la «edad de consentimiento», que en Estados Unidos es más elevada

• (hoy y de facto de 18 años en todos los estados debido a las leyes federales)

que en la mayoría de sociedades (en México, la edad de consentimiento es de 12 años para la mayoría de casos; en Japón de 13; en España es hoy en día de 14 años, elevada recientemente [*]; 

• [*] El dato es erróneo, ya que la edad de consentimiento en España era de 13 años cuando el artículo fue publicado. Fue elevada de 12 a 13 años en 2004. (N. del T.)

• en Francia de 15; y
• en Alemania de 16, por debajo de 16 con consentimiento paterno).

Aunque a partir de la década de 1880 la edad de consentimiento sería de 10 años en Inglaterra y en sus antiguas colonias, y de 0 en muchas otras sociedades — en las que eran habituales las novias prenúbiles—, ésta se ha ido elevando cada vez más, tanto que hoy existe, en el marco de una campaña de la Unesco para proteger a la infancia, un llamamiento para establecer una edad generalizada de 21 años. Todas las relaciones sexuales entre menores de 18 años y quienes superen los 18 (o los 21) se convierten así en un «abuso», ya que existe el mito de que los menores son, sin más, incapaces de consentir.

Los periodistas o los investigadores científicos que cuestionan este constructo, o que defienden ciertas relaciones entre adultos y menores como no abusivas, afrontan  graves consecuencias. En el único caso de una resolución del Congreso de los Estados Unidos [*] contra un artículo científico, la Cámara de Representantes, con mínima oposición, denunció un estudio del doctor Bruce Rind y otros publicado en la revista académica Psychological Bulletin en 1998. [**]

• [*]   < http://www.ipce.info/ipceweb/Documentation/Documents/doc_99083_congress.htm>
  [**] < http://www.ipce.info/library_3/rbt/metaana.htm> ]

Este «metaanálisis» revisaba varios  protocolos de investigación sobre la sexualidad entre adultos y niños, y los resumía demostrando que las relaciones en las que no se ha hecho uso de fuerza no parecen causar daño, y en ocasiones podrían resultar beneficiosas.

Rind y sus colaboradores han sido sistemáticamente apartados y excluidos de muchas revistas académicas. En 2005, un libro publicado por una importante editorial, que incluía otro artículo académico de Rind, fue retirado por ésta (Hayworth) debido a las protestas de los fundamentalistas cristianos. Otros escritores homosexuales, como William Herdt y John DeCecco, que han investigado la conducta sexual considerada ilegal en los EE. UU. (DeCecco) o la sexualidad intergeneracional en las culturas no occidentales (Herdt), se han pasado sin más a otros temas, lo que no impidió que DeCecco sufriera una violenta persecución —Siendo profesor en San Francisco tuvo que contratar guardaespaldas para que le protegieran de agresores derechistas—.

Varias investigadoras y feministas radicales han intentado socavar o frenar el pánico sexual. Entre ellas cabe mencionar a Camille Paglia, Debbie Nathan, Joan Nelson, Elizabeth Stoney, Laura Marks, Gayle Rubin, Pat Califia, Carole Vance, Marjorie Heins, Joanne Wypijewski, Janice Irvine y Judith Levine. Paglia ha sido condenada por otros investigadores del campo de la sexualidad y por muchas escritoras feministas debido a su defensa de las relaciones sexuales entre hombres y muchachos en particular. Aunque ha publicado análisis extensos y bien documentados sobre la historia de la sexualidad e investigaciones acerca de temas sexuales, raramente es incluida en planes de estudios relacionados con estos asuntos.

Muchas otras escritoras han sufrido consecuencias similares o censura por sus opiniones. Debbie Nathan, que denunció y casi detuvo el pánico por el llamado culto satánico al abuso infantil con su libro Satan’s Silence (Basic Books, 1996),  habló de la gélida acogida con la que su trabajo ha sido recibido en ocasiones. La autora declaró:

• «Muchas veces he tenido la sensación de estar marginada intelectual y profesionalmente, y he sufrido casos de editores que han rechazado artículos que había escrito acerca de la histeria sexual porque les entró miedo, así como negativas a asignarme tales artículos».

Una escritora que nunca había tenido problemas con artículos anteriores sobre otros temas para una prestigiosa revista nacional intentó abordar de forma equilibrada el tema de las campañas contra los sacerdotes católicos, en particular el caso, envuelto en sensacionalismo, del padre Paul Shanley, pero fue llamada por el editor y éste le dijo que, en resumidas cuentas, no podría publicar su artículo.

Antes incluso de que el libro de Judith Levine No apto para menores: Los peligros de proteger a los niños y a los adolescentes contra el sexo fuera publicado en 2002, la editorial, la Imprenta de la Universidad de Minnesota, sufrió los ataques de grupos fundamentalistas cristianos, entre ellos Mujeres Preocupadas por los Estados Unidos, que desataron una campaña masiva contra ésta. Aunque el libro se publicó, la Imprenta creó un nuevo proceso para revisar sus libros antes de ser publicados.

Levine, que habló públicamente sobre cómo había sido humillada en público una y otra vez, declaró que el manuscrito original de su libro había sido rechazado por numerosas editoriales, que lo habían tratado como si fuera «radioactivo». Entre otras cosas, Levine escribió que la

• «obsesión por los pedófilos nace de la reticencia a hacer frente al incesto y a la creciente sexualización de los niños» en la cultura estadounidense.
  «Los adultos proyectan el deseo erotizado hacia fuera, creando un monstruo al que odiar, dar caza y destruir».
  Acerca de las fuertes protestas contra su libro, añadió: «Lo que me ocurrió es un ejemplo perfecto de la histeria sobre la que trata mi libro».

En ningún caso se ejerce mayor censura y rechazo que en el de aquéllos que suelen reflejar o retratar la sexualidad de los niños o de los adolescentes, o su mera desnudez. Las «víctimas» de estos perversos delincuentes también deben ser protegidas —y su supuesta pureza e inocencia proyectadas, a toda costa, como el reflejo exacto e inmaculado de sus violadores, aun en contra de las revelaciones posfreudianas acerca de la vida y el interés sexual de los niños—. Todo lo que represente la belleza física de los niños o aspectos eróticos de su vida debe ser prohibido.

• (Véanse los excelentes análisis de Bob Chatelle acerca de la influencia de las campañas contra la pornografía infantil sobre la libertad de expresión: Kiddie Porn Panic, 1993; Limits of Free expression & the Problem of Child Porn, 1997).

Desde finales de los años ochenta, un torrente de destacados fotógrafos han sido censurados por sus fotografías de niños o adolescentes desnudos. El caso más destacado fue el del fotógrafo gay Robert Maplethorpe, cuyas obras fueron retiradas de las galerías de todo el país, entre ellas la Galería Corcoran de Washington en 1990. El Fondo Nacional de las Artes, que había financiado algunos de sus trabajos, sufrió los ataques de los conservadores. En algunos casos se ha tratado de mujeres fotógrafas que han sido premiadas, entre ellas Sally Mann, Star Ockenga y Judith Livingston. A todas las han puesto en la picota. A Livingston le retiraron a su hijo de casa temporalmente después de que ésta publicara una foto suya desnudo, y la hicieron dimitir de su cátedra en la Universidad de Cornell, y Ockenga fue despedida como directora de exposiciones fotográficas del MIT.

Sally Mann ha realizado algunas de las fotografías de desnudos infantiles más ampliamente publicadas. Las fotografías ostensiblemente eróticas de sus propios hijos han sido calificadas de incestuosas, pedofílicas y pornográficas.

La escritora feminista Germaine Greer ha dicho de su obra:

• «La censura del deleite físico de una madre en sus hijos marca la última etapa en la negación de la sensualidad infantil».

En la actualidad, Mann realiza fotografía de paisaje, y Ockenga, después de una temporada de inactividad total, se ha decantado por la fotografía floral.

En 1990, Allen Ginsberg y Joseph Richy publicaron un ensayo contra la desviación radical de la historia del arte, en la que los niños y los adolescentes desnudos se encuentran en zona prohibida. En «The Right to Depict Children in the Nude» [El derecho a pintar niños desnudos], su punto principal era que la sexualidad y la desnudez de los niños, y sobre todo de los adolescentes, había sido un tema principal de las artes visuales y literarias en toda la cultura occidental, así como en muchas sociedades no occidentales. Los autores señalaban que incluso la publicidad callejera había utilizado fotos y dibujos de niños desnudos —especialmente varones— y que Norman Rockwell había retratado muchas veces a niños desnudos o semidesnudos para la portada de The Saturday Evening Post.

De repente, todas aquellas fotografías e ilustraciones desaparecieron. En los años noventa, cuando Calvin Klein hizo pública una campaña para vender pantalones vaqueros en la que aparecían adolescentes ligeros de ropa, a los pocos días se vio obligado a retirarla.

Los niños desnudos desaparecieron. De hecho, prácticamente todas las fotografías de chicos y chicas adolescentes y preadolescentes se esfumaron de la mayoría de medios de comunicación públicos. No es de extrañar, dado que la Resolución Faber del Tribunal Supremo de 1982 etiquetaba la pornografía infantil como una expresión sin ninguna protección legal, no contemplada en la Declaración de Derechos, y que las leyes contra la pornografía infantil, a partir de 1990, fueron criminalizando cada vez más casi todas las representaciones de cualquiera que pareciese ser menor de 18 años, aun en el caso de dibujos y simulaciones en los que no se representara a «niños reales».

• (Esto formaba parte de la legislación de 1996, pero el Tribunal Supremo declaró inconstitucional esa parte del proyecto de ley. El discurso ha vuelto a aparecer en el proyecto de ley de 2006 que estudia ahora el Congreso).

Prácticamente, la única excepción a la desaparición de las representaciones eróticas de niños ha sido El chico de Germaine Greer (Rizolli, 2003). [*]

• [*] Publicado en español en 2003, con el título completo El chico: El efebo en las artes, Editorial Océano, Barcelona. La traducción de la cita es mía. (N. del T.)

Ésta señala: «A finales del siglo XX, el pánico culpabilizador ante la pedofilia completó la criminalización del reconocimiento de los deseos y encantos de los niños».

Greer se guardó de provocar con fotografías explícitamente sexuales, pero estaba claro que su propósito era resucitar la imagen erótica del niño, no como pedofilia, sino como un interés erótico legítimo de artistas homosexuales o heterosexuales. La respuesta ante Greer ha sido en gran medida positiva en el mundo del arte, aunque no sin los esperados ataques desde los principales periódicos y revistas conservadores, en los que es etiquetada como «mujer pederasta», entre otras cosas. Greer es australiana y siempre ha sido conocida como alguien que cuestiona los tabús y busca la publicidad sensacionalista.

Una sentencia del Tribunal Supremo (Knox vs. Estados Unidos, 1993) llegó a penalizar como delito las fotografías de niños vestidos, si éstas podían considerarse como eróticas. La mayoría de las organizaciones anticensura dejaron sin más de quejarse de censura en aquellos casos relacionados con representaciones de niños desnudos o con situaciones eróticas en las que intervinieran niños. Éstas eran ahora consideradas fuera del marco de las libertades civiles.

La portada de la revista Parade (19 de febrero de 2006) destacó, con letra grande y en negrita, las siguientes palabras:

• «Toda imagen de un niño sexualmente representado — ya sea en una fotografía, en un vídeo o en un DVD — registra tanto la violación del niño como un acto contra la humanidad».

El artículo de fondo del cual provenían estas palabras era de Andrew Vachss, que no es un experto en sexualidad infantil, sino un abogado muy caro que ha demandado con éxito a instituciones y personas individuales en casos de abuso sexual infantil. Vachss no define lo que es un «niño sexualmente representado», ni en términos de edad

• (un chico de 17 años sigue siendo un niño en la mayoría de jurisdicciones y bajo la mayoría de leyes),

ni en términos de contenido — ¿desnudez? ¿poses eróticas de casi desnudos? —, pero afirma categóricamente que se trata de una violación y de un crimen contra la humanidad. Nada podría ser más infame (su discurso).

• ¿Quién lo dice?
• ¿Por qué?

Esas cuestiones no se plantean ni pueden plantearse. ¡Plantearlas es arriesgarse a ser acusado de cómplice de violación y de crímenes contra la humanidad! Vachss va más allá y pide penas más duras por la mera posesión o visualización de una fotografía descargada de Internet. Cabe suponer que se refiere, como mínimo, a la cadena perpetua

• (que ya está vigente para muchos de estos delitos).

El acto absolutamente perverso se convierte en el elemento básico para demonizar del todo al delincuente absolutamente perverso.

Este rechazo y esta demonización se dirigen con toda su fuerza hacia aquéllos que pueden ser etiquetados como pedófilos. Tal como dice en su sitio web el Centro Nacional para la Razón y la Justicia, una asociación que apoya a quienes considera que han sido injustamente acusados en casos relacionados con delitos sexuales:

• «Especialmente vulnerables han sido las personas acusadas de delitos sexuales contra niños y adolescentes. Aunque ninguno de nosotros niega que se produzcan tales crímenes, estos acusados tienen sin embargo derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad y reciban un juicio justo. Pero muy a menudo se impone la histeria y los acusados son juzgados y condenados por los medios de comunicación».

Hasta los años ochenta, la idea de que se pudiera obligar a cualquier delincuente a  registrarse y a ser rastreado — y humillado públicamente de por vida — iba contra los principios estadounidenses de imparcialidad y rehabilitación. «Yo ya he cumplido mi pena» era tenida como una declaración aceptable cuando se había cumplido la condena de cárcel y el periodo de libertad condicional.

En Canadá, el Tribunal Supremo ha negado a la policía el derecho a hacer públicos los nombres de los delincuentes registrados, ya que ello impediría cumplir el objetivo de reinserción de los presos. En Estados Unidos, el propio objetivo del registro de delincuentes sexuales es ponerlo a disposición de la ciudadanía. Esto, y las subsiguientes medidas para controlar y limitar las acciones de los delincuentes sexuales, ha acabado con cualquier posibilidad de reinserción para una clase cada vez mayor de expresidiarios. Condenas más y más altas y una duración cada vez mayor de la libertad condicional o provisional no eran bastante para aplacar el pánico sexual que ha pasado ininterrumpidamente de una fase a otra desde los años sesenta.

Los primeros registros aparecieron en 1990, y en 1994, con la Ley Megan — inspirada, como muchas otras iniciativas contra los delincuentes sexuales, por el caso específico y aislado del horrendo asesinato de un niño —, las leyes federales y estatales exigían que las direcciones particulares y del trabajo, y otra información personal de los delincuentes sexuales, se hicieran públicas de diversas maneras, desde Internet y la televisión hasta anuncios en periódicos y carteles. En algunos estados se han exigido matrículas especiales y señales obligatorias en las jambas de las puertas de los delincuentes. En 2005, cada estado había adoptado un registro y todos los estados menos dos se habían incorporado al registro y al sistema de seguimiento federales.

Tal como escribió Mark Matthews (9 de febrero) para el boletín de Stateline.org, que no es conocido por tener opiniones radicales,

• «los delincuentes sexuales son un tipo diferente de criminal, cada vez más castigados bajo un conjunto diferente de reglas. Al ser liberados de la prisión o al concluir su periodo en libertad condicional, son seguidos por satélite, exhibidos en Internet y se les prohíbe vivir en algunos barrios».

Doce estados exigen hoy a muchos delincuentes sexuales, incluso a aquéllos que han sido condenados por el delito más leve contra menores, que lleven brazaletes de vigilancia electrónica (GPS) de por vida. Se están discutiendo proyectos de ley con este propósito en el parlamento de otros once estados, y probablemente sean aprobados. Se han aprobado leyes especiales para esta clase especial de seres humanos que cubren prácticamente todas las esferas de la vida. Éstas incluyen

• disposiciones en uno o varios estados para que se mantengan alejados de las escuelas y fuera de los parques;
• la negación del derecho a trabajar en sectores que van desde la enseñanza y la asistencia sanitaria hasta la masoterapia, e incluso en restaurantes que sirvan a familias;
• la negación de la enseñanza superior;
• disposiciones para que los delincuentes juveniles asistan a colegios especiales segregados;
• o restricciones de viaje, incluyendo la negación del derecho a cruzar  fronteras estatales.

En la actualidad, ocho estados exigen la castración de algunos delincuentes sexuales antes de que puedan ser excarcelados. Florida ha aprobado una ley dirigida a hacer que sea más probable la pena de muerte si ha habido un acto sexual previo a un homicidio, o aun en el caso de algunas violaciones de niños en las que no haya habido asesinato, y Louisiana está lista para ejecutar al primer delincuente sexual de un caso que no era de asesinato.

Otra característica de las leyes recientemente aprobadas o acabadas de introducir contra los delincuentes sexuales es la de acabar con todo plazo de prescripción, e imponer el registro y otras restricciones a cientos de miles de personas que ahora no están obligadas a registrarse. Personas que hace veinte años aceptaron un acuerdo de conformidad debido a un error de juicio, con la seguridad de que su condena o la libertad condicional supondrían el fin del proceso, afrontan ahora el acoso, la humillación y el rechazo de por vida.

Sus familias —es decir, millones de seres humanos más normales y decentes— también afrontan la tensión y la humillación de estas actuaciones, y se preguntan cuándo echará la puerta abajo la policía para buscar a su ser querido. Varios estados han presentado proyectos de ley para convertir en delito grave, con una posible pena de varios años de cárcel, la negativa de familiares y otras personas a desvelar el paradero de los delincuentes sexuales.

Por si fuera poco, los «niños», es decir, los menores de 18 años, también pueden ser etiquetados como delincuentes sexuales y obligados a registrarse, y a veces afrontan la vigilancia de por vida y diversas formas de rechazo y de humillación.

En 2004, en el condado de Oakland, Michigan, un adolescente se suicidó cuando afrontaba 23 años de inclusión en un registro público, lo que habría supuesto la humillación pública en su escuela. Había sido condenado por tener relaciones sexuales con una chica de 14 años, las cuales se admitió que no habían sido forzadas, pero que violaban las leyes del estado relativas a la edad de consentimiento.

Matthew Limon, de Kansas, fue condenado a 17 años de cárcel por haber realizado una felación consentida, la semana posterior a cumplir 18 años, a un chico de casi 15. Limon es además discapacitado psíquico. El caso de Limon fue anulado y le dejaron salir de la cárcel, tras haber cumplido más de cinco años, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la ley de Kansas que ordenaba condenas más altas por actos homosexuales era inconstitucional, pero todavía tendrá que registrarse a perpetuidad como agresor sexual de menores.

El magistrado del Tribunal Supremo de Carolina del Sur Costa M. Pleciones opinó desde los tribunales que niños de tan sólo nueve años deberían estar sujetos a un registro de por vida por delitos sexuales. Se estima que más de treinta y cinco mil niños y adolescentes han sido condenados por delitos sexuales y están obligados a registrarse.

La peor privación de derechos se aplica en forma de un internamiento civil de por vida para los delincuentes sexuales tras su encarcelación. Diecisiete estados poseen alguna versión de esta medida, y otros veintiuno están estudiando esa posibilidad.

Hasta diciembre de 2004, de acuerdo con los investigadores del comité de expertos de Washington que se ha mantenido al corriente desde que Washington aprobó la primera de estas leyes en 1990, 3493 personas se encontraban en centros de reclusión para enfermos mentales o cárceles especiales bajo internamiento civil. Desde esa fecha, sólo 427 de las personas alguna vez encerradas bajo estas leyes habían sido puestas en libertad.

Llamadas usualmente «Leyes contra Depredadores Sexuales Violentos», éstas casi siempre recogen delitos no violentos contra personas por debajo de la edad de consentimiento en ese estado. En algunos estados, las personas acusadas de diversos delitos, entre ellos los de pornografía infantil, prostitución e incluso exposición indecente, son catalogadas como «depredadores sexuales violentos».

Como escribió Mark McHarry en su minucioso análisis para Z Magazine (noviembre de 2001), [*] los procedimientos de internamiento civil privan a los ciudadanos de casi todos sus derechos constitucionales: el derecho a guardar silencio, a disponer de un abogado durante los interrogatorios, a la libertad bajo fianza, a no ser juzgados dos veces por la misma causa, a la no aplicación retroactiva de la ley, y muchos más. 

• [*] < http://www.ipce.info/library_3/files/sxprlaws.htm> ]

La Asociación de Abogados de Nueva York, al recusar una orden administrativa del gobernador Pataki de 2005 para trasladar a todos los delincuentes sexuales a centros de reclusión para enfermos mentales tras su excarcelación, declaró:

• «No se puede pasar por alto la facilidad con la que se abusa del internamiento civil por razón de delitos sexuales».

Los delincuentes sexuales — sobre todo los «pedófilos», en su definición ampliada para englobar a cualquiera que haya «atentado» contra cualquier persona que se encuentre por debajo de la edad de consentimiento, hoy y en la práctica de 18 años en todas partes —son lisa y llanamente unos parias, una especie de intocables. Nadie les quiere en su barrio, y casi nadie les alojará ni les dará trabajo. Pueden ser humillados y denigrados públicamente, y son considerados merecedores de rechazo por una sociedad indignada. Incluso aquellas personas que sean sospechosas de desviación sexual pueden verse afectadas por el rechazo. Medios de comunicación y políticos de ambos partidos sacan sin más el máximo provecho de las nuevas categorías de chivos expiatorios, y casi nadie lo denuncia.

Medios de comunicación anteriormente progresistas y alternativos se han subido al carro. The Free Times de Ohio, por ejemplo, puso la foto de un supuesto «agresor» de chicos adolescentes en su portada de enero de 2006, con el dibujo de un lápiz ensangrentado perforándole la frente y un titular en rojo igualmente sangriento que lo definía como «El Monstruo del Barrio».

Los principales medios de comunicación, como la NBC y The New York Times, ofrecen hoy contenidos que hace una década sólo se habrían podido encontrar en medios amarillistas como The National Inquirer. Debbie Nathan (CounterPunch, 17 de febrero de 2006) ha denunciado pormenorizadamente el periodismo de baja estofa del Times en su reciente y revelador artículo sobre la «prostitución infantil».

El analista de Slate Jack Shafer señaló (Slate.com, 19 de diciembre de 2005) que el artículo (citado anteriormente) de Kurt Eichenwald publicado en el Times ese mismo día acerca de Justin, el adolescente que comercializó con su propia imagen realizando actos sexuales, traspasó la línea del periodismo con su implicación y con su descarada búsqueda de la intervención del FBI y de la policía.

Del mismo modo, el programa de la NBC Predator cuenta con las actuaciones encubiertas de la policía, y se jacta de haber atrapado a más de cincuenta hombres en casos en los que se les imputarán delitos sexuales en los que no ha habido «víctimas» reales de por medio, sino cebos infiltrados por los periodistas y por la policía en sitios de Internet. El reportero de la NBC Chris Hansen no tiene ninguna pretensión de objetividad:

• «Estamos anonadados, alucinados e indignados», declara; «¡Han vuelto! Los depredadores de Internet».

Utilizando términos como «desviados» y «pervertidos» no es de extrañar que el sitio web de la NBC atraiga centenares de comentarios en blogs que piden justicia paralela: «Que le metan un tiro en la cabeza a ese criminal», dice uno de ellos. Cabe esperar que todo esto merme con bastante rapidez la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación en cuanto independientes de las fuerzas de seguridad.

Esta cobertura mediática llega a tener un efecto inmediato en los tribunales. Un noticiario vespertino de la cadena MSNBC, que en una ocasión se refirió a sí mismo jocosamente como «todo pedófilos, todo el tiempo», informa a diario sobre nuevos casos de sacerdotes y sexo, profesores y sexo, y cosas por el estilo. En enero de 2006, este programa de la MSNBC, así como la cadena Fox, lanzaron una campaña para despotricar contra el juez de Vermont Edward Cashman. Bill O’Reilly, de la Fox, lo definió como el peor juez de Estados Unidos.

Cashman había condenado a un agresor sexual de menores a sesenta días de cárcel y a seguir un programa de tratamiento, y no a una larga pena de cárcel, por la que el hombre no habría recibido tratamiento. Al principio, el juez Cashman insistió en que

• «el Tribunal no puede dejarse influir por los medios de comunicación o por las muchedumbres exaltadas»,

pero tras días de abuso en los medios, que el juez declaró que le habían angustiado profundamente, éste revocó su fallo y emitió una sentencia condenatoria «no inferior a tres años» de cárcel. Las cartas al muy liberal The Burlington Free Press fueron casi en su totalidad de la misma opinión: «Que lo linchen» (al delincuente), decía uno de sus autores.

Al prestar testimonio sobre un proyecto de ley presentado en Maryland para exigir la vigilancia electrónica de por vida para casi todos los delincuentes sexuales, un portavoz de la Oficina de Abogados de Oficio de Maryland (citado en el Washington Post) declaró:

• «Me recuerda a 1984. ¿Hacia dónde vamos con este tipo de medidas? ¿Qué ocurrirá en el próximo período de sesiones?».

Al hablar de la nueva lista del Registro Federal con más de 500 000 delincuentes sexuales, que éste comparte en Internet con los ciudadanos, Marc Rotenberg, del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, señaló:

• «No es difícil imaginar que el gobierno pueda publicar listas bajo vigilancia por otro tipo de cosas».

Massachusetts ya está estudiando la posibilidad de adoptar leyes que servirían para crear registros y exigir la vigilancia electrónica de TODOS los delincuentes «peligrosos». Massachusetts podría convertirse en el primer estado en ampliar estas medidas más allá de los delincuentes sexuales, pero seguramente no será el último.

Demócratas liberales, socialistas y candidatos del Partido Verde compiten con los republicanos para «salvar a los niños inocentes» y «proteger a nuestros hijos de los monstruos».

Existen pruebas inequívocas de que este tipo de medidas (registros, vigilancia electrónica y demás) no son eficaces. La castración, por ejemplo, se ha demostrado del todo ineficaz a la hora de influir en el deseo sexual. Como la mayoría de delitos sexuales tienen lugar en el entorno familiar y doméstico del delincuente, los dispositivos de vigilancia no sirven de nada. La publicidad y la humillación social de los delincuentes sexuales pueden incrementar, y no reducir, los sentimientos de vergüenza y de culpabilidad, que pueden ser factores para que vuelvan a delinquir. A pesar de todo, políticos de todas las tendencias se abalanzan a proponer cada vez más limitaciones draconianas de este tipo contra la odiada clase de los delincuentes sexuales y pedófilos. Un artículo publicado en The Baltimore Sun (17 de febrero de 2006) se refería a los proyectos de ley contra los delincuentes sexuales como el «pastel de manzana» por el que todos los políticos se pelean para llevarse el mérito.

Parafraseando a Janice Irvine en su libro Let’s Talk About Sex (Imprenta de la Universidad de California, 2002), que documentó el secuestro de la educación sexual en Estados Unidos por parte de los cristianos de derechas, los «relatos de depravación» sobre delincuentes sexuales estarán a la orden del día mientras haya una «cultura de la estigmatización» sobre temas sexuales, y mientras la imagen del «niño inocente» prevalezca como modelo de infancia.

• «Debemos reinventar el constructo de infancia», escribía Irvine.

En el pasado, una de las características fundamentales del sistema de gobierno de Estados Unidos era que supuestamente se aplicaba a todos los ciudadanos por igual. Y así fue al menos tras las enmiendas de la época de la Reconstrucción, que garantizaban su aplicación igualitaria a los antiguos esclavos y demás personas de color, y tras la enmienda del derecho de la mujer al voto de los años veinte. En la actualidad, ciertas categorías no tienen, sencillamente, los mismos derechos. O hasta puede que no tengan derecho alguno. La escalada represiva es inevitable, y cada vez más grupos serán demonizados y considerados fuera de las protecciones ordinarias de la ley.

Tal como escribió Michael Neumann para CounterPunch (13 de febrero de 2006), en su excelente artículo sobre la “cultura de la beatería” de Estados Unidos en su reacción ante las protestas de los musulmanes contra las representaciones del profeta Mahoma:

• «Los principios fundamentales del estado de derecho —que nadie debe ser castigado por lo que no puede evitar, como los sentimientos que uno tiene, o que a nadie se le puede pedir que obedezca leyes tan imprecisas que los criterios de obediencia sean misteriosos— hace años que se tiraron al cubo de la basura. Ahora no pueden recogerse del cubo y presentarse como resplandecientes ideales occidentales sólo porque ahora venga bien hacerlo así».

Neumann pedía a Estados Unidos

• «volver a juzgar crímenes reales bajo estándares de prueba reales. Podrían dirigir su atención hacia necesidades humanas reales, ordinarias, visibles y concretas, como las de alimentarse, vestirse y alojarse dignamente».

Algún día —tal vez dentro de cincuenta o de cien años—  parecerá absurdo que nuestra sociedad estuviera tan consumida y encolerizada ante esta clase de chivos expiatorios como para pasar por alto sus bellas tradiciones de libertad y justicia en beneficio del desquite y la venganza. Parecerá raro que la sociedad estadounidense estuviera tan obsesionada y preocupada por las relaciones sexuales con adolescentes como para acometer una guerra sin sentido que acabó con la vida de centenares de adolescentes y otras personas en ambos bandos.

Cabe esperar que algún día la gente se eche atrás cuando le digan que una persona condenada en un tribunal federal por hacer una fotografía de alguien de 17 años masturbándose habría sido sentenciada a cadena perpetua, mientras que una persona condenada por el asesinato (sin componente sexual) de ese mismo adolescente habría afrontado una pena mucho menor.

Parecerá increíble que el foco de atención estuviera en la desviación sexual y no en la tasa astronómica de asesinatos y otras violencias reales, o en la creciente brecha entre ricos y pobres, y la huella imborrable de la pobreza real en tantos niños. Hasta ese día en que haya mayor cordura, esta demonización y este rechazo hacia todos los delincuentes sexuales y «pedófilos» conducirá inevitablemente a una menor libertad y a una mayor inseguridad a todos aquéllos que puedan suscitar la ira de los predicadores puritanos o avivar la voracidad de los medios de comunicación y hacer el juego a los políticos. Por el momento, parece poco probable que aun aquéllos que tradicionalmente han protegido nuestras libertades civiles o aquéllos que tradicionalmente han cuestionado la represión del Estado desde la izquierda, vayan a atreverse a hablar claro, no sea que se vean, ellos también, marginados y rechazados.